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Arena, agua y muerte

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El rio nizao completamente seco en algunas zonas como Boca de Mana.

El rio nizao completamente seco en algunas zonas como Boca de Mana.

LISTÍN DIARIO / 19 DE AGOSTO DEL 2007 / VIRGINIA RODRÍGUEZ G. Y GABRIELA READ

Ese río es un muerto, sentencia Amaury Valdez, habitante de Boca de Mana. En otra época él era pescador, cuando sobre el pedregal desierto corría un montón de agua limpia y la gente venía de los alrededores a bañarse y pasar el día. El lugar parecía una playa, recuerdan sus pobladores. En los balnearios se vendían cocos, peces, frutas, frituras.

Algunos se dejan llevar por sus memorias hasta exagerar las imágenes: “Había tanta agua que uno los pescados los agarraba con las manos”. Ahora Valdez es policía y cuando se le encuentra un martes en la tarde a la ribera del río Nizao y se le pregunta como está, él responde melancólico: “Aquí, viendo cómo se nos acabó el río”.

Nizao. Un río moribundo que nace en la Loma de Alto Bandera en la Cordillera Central y desemboca 130 kilómetros más abajo, después de pasar por las presas de Jigüey, Aguacate y Valdesia, y el contraembalse de Las Barías. A veces seco. A veces con una ridícula porción de agua oscura, llena de algas verdosas, que anda por un camino que le queda demasiado grande. Otras cruzado por camiones cargados de arena o camino a cargarla.

La arena del Nizao debe andar por todo el país, triturada y mezclada con la de otros parajes, formando paredes y columnas de los más diversos edificios. Desde hace más de tres décadas, unas 11 compañías se han dedicado a extraer las arenas de su cauce y de sus márgenes para venderla a las constructoras. Las llamadas granceras pueden extraer hasta 12 mil metros cúbicos por día y, después de procesarlo, vender cada metro cúbico entre 300 y 650 pesos.

Las granceras, que mueven unos 300 millones de pesos anuales, según el Director de la Asociación de Productores de Agregados Teófilo Hernández, pagan cuatro pesos de impuesto por cada metro cúbico. “El único negocio del mundo donde la materia prima es gratis es éste”, dice el ingeniero geólogo y de minas Osiris De León, que ha criticado la extracción de agregados de los ríos desde hace años.

Nigua, Yaque del Norte, Camú, Yásica, Ocoa, Yubazo, Haina, Yuna, Chavón, Iguamo, todos estos ríos también han sido utilizados, en mayor o menor medida, para extraer material de construcción. Pero el Nizao es probablemente el que mejor muestra las consecuencias de esta actividad: contaminación, pérdida de la fertilidad de las tierras aledañas, desaparición de las aguas, modificación de la dinámica hidrológica, merma de la actividad agropecuaria y pesquera de la población. Suficientes efectos negativos como para que ya en 1971 el entonces presidente Joaquín Balaguer emitiera la ley 123, que cancelaba todos los permisos de extracción de materiales de la corteza terrestre y creaba un marco legal para las futuras operaciones comerciales con estos materiales.

Nueve años después la ley 123 se quedaba pequeña para el problema. En 1986, el mismo presidente Balaguer emitió el decreto número 257, con el que se prohibía de nuevo toda extracción de material de los ríos Nigua, Nizao y Yubazo. El decreto que nunca se cumplió y en el año 2000 la historia volvióa repetirse. El presidente Leonel Fernández firmó un acuerdo con distintas instituciones estatales y ecologistas con el que se prohibió sacar agregados de los lechos, riberas y terrazas de todos los ríos del país.

Siete años más tarde, el lunes pasado, el secretario de Medio Ambiente, Max Puig, emitió una resolución prohibiendo de nuevo la extracción de materiales de todos los ríos del país. ¿Será esta la prohibición definitiva? Esa es la pregunta que se responderá en los próximos meses. ¿Por qué nunca se cumplieron las tres prohibiciones anteriores de extraer materiales de los ríos? “Por la debilidad del Estado dominicano frente al poder mediático y económico de las granceras”.

Ésa es la respuesta del doctor Manuel Nina, conocido como Pacholi, activista por la defensa del río Nizao. Para Pacholi, oriundo de San Cristóbal, la nueva medida es un episodio más en una lucha de varias décadas, cuyo momento más dramático se alcanzó el 12 de octubre de 1998 cuando uno de sus compañeros fue asesinado. A Sixto Ramírez lo mataron de un balazo en la boca. Era un pequeño productor agrícola de la comunidad de Boca de Mana.

“Lo llamaban el Maco, porque no salía del agua. Era un enamorado del río”, dice el doctor Nina. Días antes de perder la vida, fue apresado junto a otros activistas por participar en una protesta en defensa del río. “No salgas”, le recomendó Nina el día en que lo liberaron. Pero esa noche había una vigilia en el poblado de Barías, junto al río, y él no pudo resistirse.

El doctor Nina cuenta que “hasta allí fueron los testaferros de la grancera de Alba Sánchez y les cayeron a tiros a esos compañeros. Ellos se embalaron, pero él no pudo saltar una cerca y allí lo agarraron. Fue un primo que lo mató, borracho, pagado por las granceras”. El asesino cumplió una condena de cuatro años.

Hoy, mientras sus compañeros de lucha recuerdan con dolor el asesinato, la gente del pueblo lo tiene como un referente del miedo y la represión que ejercieron sobre la comunidad los dueños de las granceras.

La muerte de Sixto no es el único caso relacionado con las granceras que ha llegado a los tribunales. Dos sentencias condenatorias han sido emitidas contra Agregado Marcano y su representante, Carlos Marcano, por violar la Ley de Medio Ambiente; mientas otras cinco empresas están sometidas a la justicia por grupos comunitarios de San Cristóbal y Peravia.

Las sentencias a Marcano, que lo condenan a seis meses de prisión, el pago de una multa de 5 mil sueldos mínimos y al retiro provisional de la empresa, constituyen un precedente en la lucha por la defensa del río. Éste 21 de agosto se conocerá la apelación hecha por la compañía de agregados, justo en medio de las expectativas que ha generado la reciente prohibición de Medio Ambiente.

Los grupos ambientalistas no se conforman con que se cumpla la prohibición. En una rueda de prensa el lunes pasado representantes de la Academia de Ciencias y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo pidieron que se emita una resolución complementaria que obligue a los granceros a reparar el daño ambiental. “La actitud que asuma la gente es lo que va a salvar esa medida”, dice el doctor Manuel Nina. Y el ingeniero De León concuerda. “Ahora está la televisión, está la radio, están las comunidades”, dice.

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